Recomendaciones de la Universidad de Oxford y Dejusticia

El rol de los empresarios en el conflicto, un capítulo por escribir

El llamado que le hacen a la recién creada Comisión de la Verdad en el informe “Cuentas claras” es que se cree un grupo multidisciplinario que se encargue de investigar el papel que cumplieron políticos, civiles y empresarios en el conflicto armado.

Construir la verdad del conflicto armado en Colombia responsabilizando sólo a la guerrilla, a los paramilitares y a la Fuerza Pública dejaría por fuera un universo de actores que contribuyeron a esta guerra de forma directa e indirecta. No en vano en las 35 sentencias que han emitido los tribunales de Justicia y Paz se mencionan a 439 empresas y empresarios que participaron directa o indirectamente financiando estructuras armadas ilegales.

Por eso, uno de los principales llamados para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) es que no olvide que políticos, ganaderos, agricultores, industriales y otros civiles tuvieron un rol determinante en medio siglo de violencia.

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En su más reciente informe, llamado “Cuentas claras, el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”, el Centro de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y Dejusticia hacen hincapié en que los comisionados de la verdad deben promover y contribuir al reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas de quienes fueron protagonistas en el conflicto.

Una recomendación que se convierte en una obligación, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional estableció que los agentes del Estado que no han pertenecido a la Fuerza Pública y los civiles -incluyendo a empresarios que posiblemente apoyaron la guerra- no tienen la obligación de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para Dejusticia y la Universidad de Oxford, la Comisión de la Verdad tiene el reto de abordar la “complicidad empresarial” en las graves violaciones de derechos humanos.

Aunque no hay una sola condena, “en Colombia existe suficiente evidencia acerca de la relación de actores corporativos con hechos del conflicto armado. Esto tanto sobre la confluencia de intereses económicos (de explotación, producción o distribución) y presencia de actores armados en distintos territorios del país, como sobre la alianza entre poderes económicos, élites locales y grupos armados para promover sus intereses económicos y políticos a través de la cooptación de las instituciones”, explicó Camilo Sánchez, director de investigaciones en Dejusticia.

El informe recoge un total de 37 recomendaciones sobre cómo gestionar un diseño institucional que permita crear metodologías de trabajo efectivas para investigar el rol de empresas y empresarios en el conflicto armado. A pesar de que el documento no menciona nombres propios, Camilo Sánchez aclaró que su intención no es poner bajo el foco público a los responsables. Esa será una tarea de la Comisión de la Verdad.

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“No ha existido una perspectiva multiactor del conflicto armado colombiano. Por ejemplo, en los últimos 35 años ha habido al menos 61 acuerdos de paz entre los actores armados ilegales y el Estado, en los cuales el fenómeno de la complicidad empresarial en hechos del conflicto no fue parte de la narrativa de verdad”, se lee en el informe. En conclusión, la propuesta de Dejustica y la Universidad de Oxford es construir una verdad con las voces de todos los actores, sin caer en generalizaciones y estigmatizaciones contra los actores económicos, quienes también fueron víctimas de la violencia y pueden aportar a la construcción de paz en el país.

Lecciones aprendidas

El informe “Cuentas claras” tiene como fuente de información la base de datos de Oxford llamada Corporate Accountability and Transitional Justice Database (CATJ), que reúne cifras sobre casos de responsabilidad corporativa que hayan sido investigados en procesos de justicia transicional. Tiene datos desde los juicios de Nuremberg y de 39 comisiones de la verdad que se crearon en 30 países del mundo. De esas comisiones, el 56 % (22) reconocieron patrones de participación de actores económicos en violaciones de los derechos humanos.

Se refieren a los casos de Brasil, Argentina, Chile, Costa de Marfil, Ecuador, Guatemala, Nigeria, Perú, Corea del Sur, Kenia, Liberia, Paraguay, Timo del Este, Ghana, Sierra Leona, Sudáfrica, Haití, Honduras y Zambia. La base de datos, sin contar los casos en Colombia, tiene registrados 321 nombres de empresas que fueron señaladas en las comisiones de la verdad de estos países. Además, permite concluir que Latinoamérica es la región que más ha logrado visibilizar estas alianzas entre sectores económicos y grupos armados ilegales al revelar el 70 % (223) de los casos.

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Tras analizar los datos del CATJ, el informe concluye que es de vital importancia asegurar que se va a investigar la responsabilidad de los empresarios desde el diseño institucional, porque “ninguna de las comisiones de la verdad que han tratado este tema programaron adecuadamente el impacto de esta variable en sus actividades. Como resultado, la importancia que se le dio al tema de complicidad empresarial resultó insuficiente”. Agrega que un capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad debe hablar específicamente de la “complicidad corporativa”, es decir, de los vínculos entre el poder económico y los actores armados.

Algunos nombres

Gracias a las 35 sentencias que emitieron los tribunales de Justicia y Paz entre 2011 y 2015, se identificaron algunas de las empresas, empresarios y civiles que financiaron el paramilitarismo. El informe “Cuentas claras” registró en el CATJ 439 nombres de personas jurídicas y naturales relacionadas con el conflicto, de los cuales el 98 % son actores económicos colombianos y el 2 % multinacionales.

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Sin embargo, Dejusticia y la Universidad de Oxford critican que los fallos “no condenan ni deciden sobre la responsabilidad de los actores económicos en la violencia, sino que incluyen algunos de los nombres mencionados por los paramilitares durante las versiones libres como colaboradores o beneficiarios de la violencia”. Hace poco El Espectador dio a conocer la lista de algunas empresas bananeras y empresarios que sostuvieron nexos con los bloques paramilitares Bananero y Norte, y crearon una especie de “paraeconomía”.

Por ejemplo, este diario explicó el caso de la Convivir Papagayo, por la cual se canalizaron recursos aportados por la multinacional bananera Chiquita Brands, su filial Banadex y las comercializadoras Sunisa, Conserva, Uniban, Tropical, Proban, Banafrut, Bagatella y Agrícola Río Verde. Asimismo, salió a relucir el nombre de Carlos Lacouture Dangond, propietario de fincas bananeras y quien se alió con las autodefensas para controlar a los obreros de Sintrainagro, sindicato del que varios miembros fueron asesinados y amenazados.

El propio informe “Cuentas claras” señala los casos de financiación de grupos armados en el Magdalena Medio con recursos de multinacionales como la Texas Petroleum Company, ganaderos y comerciantes de la región, y a reconocidos empresarios que terminaron como comandantes paramilitares: “Por ejemplo, Raúl Hasbún, ganadero y empresario bananero que se convirtió en el jefe del frente Álex Hurtado del bloque Bananero. También el bloque Norte estuvo dirigido por el ganadero Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40”.

La Universidad de Oxford y Dejusticia precisaron que la Comisión de la Verdad debe ir más allá de la simple interpretación de que las alianzas entre el poder económico y los actores armados se daban como un intercambio de recursos por seguridad: “Se debe reconocer que también se gestaron macabros pactos para reprimir las protestas sociales de sindicalistas, activistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o cualquier otro individuo al que etiquetaban como guerrillero”.

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Asimismo, que la CEV debe tener en cuenta a la hora de investigar: el rol de la financiación y sus diferentes tipos; los grupos económicos que mayor participación tuvieron como cómplices; la identificación de zonas en donde, y a mayor escala, se presentó este fenómeno; la población desplazada por el conflicto; la nacionalidad de los agentes empresariales; y la necesidad del estudio de las compulsas de copias pendientes en casos de complicidad empresarial.

Recomendaciones a la CEV

Con el informe se entregaron 37 recomendaciones a la Comisión de la Verdad. Dicen que tiene que construir un concepto propio de lo que este fenómeno significó. Por otro, que la CEV en su diseño institucional debe crear un grupo multidisciplinario que investigue las alianzas entre el sector económico y los grupos armados, y que a su vez aplique un enfoque territorial para entender cómo se dio esta práctica en las regiones.

El documento establece también que se deben definir audiencias temáticas y zonales. Es decir, que se deben dividir las audiencias a partir del sector económico que gestó la alianza y el tipo de víctima a la que afectó (mujeres, sindicalistas, miembros de la oposición política, etc.). Otras de las recomendaciones se centran en que en su metodología hagan uso de las investigaciones, datos e hipótesis disponibles (las compulsas de copias) para no duplicar esfuerzos y crear incentivos para fomentar la participación de agentes económicos en brindar testimonios y enviar información.

Además, en el informe son enfáticos en decir que se deben elaborar “criterios para la toma de testimonios a víctimas de complicidad empresarial en situación de vulnerabilidad” y “diseñar un procedimiento especializado en caso de reconocimiento de responsabilidad por complicidad empresarial”. Los investigadores también insistieron en que se deben analizar los posibles casos de violaciones graves de los derechos humanos en contra de empresas y empresarios cometidas por actores armados.

Finalmente, el informe indica que se debe fomentar que de manera voluntaria los empresarios que han reconocido su responsabilidad hagan aportes al Fondo de Reparaciones establecido en la Ley de Víctimas. Y concluye que se deben comunicar periódicamente los avances en sus investigaciones sobre la complicidad empresarial en el conflicto.

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