“Garantizaremos beneficios a excombatientes por 10 años": Rodrigo Rivera

El alto comisionado para la paz anuncia dos documentos Conpes que blindarán la implementación del Acuerdo a largo plazo. El plan marco costará $129 billones.

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El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera Salazar. / Foto: Ómar Nieto, OACP

Desde los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporacion (ETCR), los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc lanzan todos los días fuertes críticas al Gobierno por la lentitud con la que avanzan los planes que les permitirán dar un paso certero a la vida civil. Esta responsabilidad está en cabeza, principalmente, de dos entidades: la Agencia de Reincorporación y Normalización y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estas dos instituciones no se habían puesto de acuerdo sobre cómo responder a la aspiración del nuevo partido FARC para que la reincorporación se hiciera de manera colectiva, ya que la experiencia de la antigua ACR estaba enfocada en una reincorporación individual. El alto comisionado, Rodrigo Rivera Salazar, anuncia consensos en el Estado y acuerdos con la FARC para desatascar ese proceso y blindarlo a 10 y 15 años.

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¿Cuál es la realidad de la reincorporación hoy?

Tenemos un número importante de excombatientes que se han mantenido agrupados. Entre 3.000 y 5.000 están en los ETCR, es una población que va y vuelve. Se han movido a asentamientos alrededor de 1.000 personas y se han reportado a la ARN, para efectos de adelantar ruta individual, casi 5.000 personas.

¿Por qué la dispersión a otros 33 nuevos puntos de reagrupamiento?

Hay un número grande de miembros de las Farc que mantienen identidad colectiva, algunos mantienen una relación muy cercana con sus líderes, hay espacios con liderazgos muy fuertes y creíbles, en los que se ha mantenido casi el mismo número de personas que llegaron, como en Pondores, pero se ven otros donde se han dispersado mucho, como Vigía del Fuerte.

¿Cuál es la posición del Gobierno frente a esa realidad tan diversa?

El Gobierno está comprometido con un modelo colectivo, pero no obligatorio. Lo que hicimos fue fortalecer y privilegiar la institucionalidad con la creación de Ecomún, la capacitación para crear cooperativas, se han creado más de 52, y más de 5.000 miembros de la FARC recibieron curso de cooperativismo. Hay diligencia en eso. Pero es claro que si alguien quiere salir de allí y se reporta a la agencia, no se le puede considerar como un desertor o si estuviera incumpliendo del Acuerdo. Es un miembro de la FARC que tiene derecho a todos los beneficios: los $8 millones para el proyecto productivo, la renta básica mensual, el apoyo en educación y entrenamiento para el trabajo.

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La FARC se sigue quejando de que no hay una política a largo plazo para la reincorporación...

Tuvimos una discusión el 22 y 23 de mayo, en Subachoque. Fue un encierro de dos días en los que estuvimos Planeación Nacional, ARN, OACP y FARC, para concertar la política de reincorporación de largo plazo, que se va a convertir en un Conpes. Fue una discusión interesante; había prevenciones, pero fueron disipadas sobre un documento. Nos pusimos de acuerdo.

¿En qué?

Parte del acuerdo fue que la FARC aceptaran una ruta individual, que no tuviera que pasar por una bendición de la FARC.

¿No había ruta individual?

En el acuerdo quedó establecido que cada decisión importante en el tema de reincorporación debía llevarse al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), donde hay dos representantes del Gobierno y dos de la FARC. Eso hacía más lenta la ejecución. Ha sido un proceso largo y dispendioso de construcción de confianza a través del CNR, la CSIVI (Comisión de Seguimiento e Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) y el Consejo de Garantías de Seguridad, que son las tres instancias en las que trabajamos con ellos.

¿Y cómo será esa ruta individual?

Sólo deben firmar un acta en la que renuncian al esquema de reincorporación colectiva. Estamos preparando un decreto que deja ese procedimiento claramente establecido.

¿Cuántos miembros de la FARC falta por acreditar?

Vamos en 12.972 acreditados hasta hoy. Falta notificar cerca del 3 %. Falta poco, prácticamente todos los que llegaron a zonas y sectores aledaños han sido acreditados. Hemos tenido dificultades con las personas privadas de la libertad. Faltan 303. De esos, hay más de 200 que no vamos a acreditar porque luego de cotejar con el comité interinstitucional, hemos llegado a la conclusión de que no son miembros de la FARC.

¿La FARC comparte ese concepto?

No ha sido compartido. Debo decir que ellos han retirado cerca de 300 nombres, por su propia voluntad. En unos 20 o 30 casos, la FARC compartieron las reservas del Gobierno.

¿Qué pasó con esos 300 que las Farc retiraron del listado?

Así como llegaron postulados por la FARC, asimismo fueron retiradas las postulaciones. Para ser justos, en el proceso de las Auc no existía un mecanismo de verificación. Había una vieja costumbre, que no sé si se remonta a la época del M-19 o del Epl, y era que el Gobierno recibía, de buena fe, una lista del interlocutor armado. No había cotejación y nunca generó problemas hasta el proceso con Auc, cuando resultaron colados narcos como los mellizos Mejía Múnera, Miguel Arroyabe, el Tuso Sierra. El Gobierno no tenía un mecanismo de verificación ni de descertificación. Se aprendió de esa experiencia y se creó un mecanismo en el que participan todas las agencias de inteligencia del Estado y la Fiscalía, y se plantean sus reservas.

¿Por qué negará acreditación a esas 200 personas?

Porque tienen observaciones de cualquiera de las agencias o de la Fiscalía de que pertenecen a otra organización: al Eln, al clan del Golfo o a grupos de narcotráfico ordinarios o de delincuencia común. Por ejemplo, en Putumayo hay una banda delincuencial que se llama “La constru” y trataron de meter gente de esa.

¿Quién?

Aparecieron en el listado. Y quien pasaba el listado era alguien del alto nivel del secretariado, pero usted se imaginará que esa persona no conoce a todo el mundo y también recoge información entre sus frentes. Lo que hemos visto es que cuando se han hecho observaciones razonables, en muchos casos, la FARC las ha aceptado. En otros casos han insistido. Pero si es sólo la insistencia y se mantienen las observaciones de nuestras agencias, nos hemos abstenido de acreditar.

Los excombatientes temen que con un nuevo gobierno puedan perder lo obtenido en el acuerdo.

Estamos trabajando en la adopción de una política de reincorporación de largo plazo, concertada en el Estado y concertada con Farc, que se adoptará en un documentos Conpes, para dar continuidad y estabilidad por los próximos 10 años. Ese Conpes está en proceso de ser costeado.

¿Qué garantiza ese Conpes?

Tiene una ruta convenida al más alto nivel, con ministros y jefes de departamentos administrativos. Compromete con rigor técnico a estas instituciones que concurren con su oferta institucional para 10 años. Es una hoja de ruta que se defiende per se por la bondad de lo contenido y por la legitimidad que da haberla discutido con la FARC.

Hay muchos Conpes que se han quedado en el papel.

En esta política están incluidas todas las variables para una reincorporación social, económica y política, exitosa para casi 13.000 hombres y mujeres. Hay otro Conpes que adopta el Plan Marco de Implementación, que tiene 507 indicadores que permitirán realizar un seguimiento efectivo a la implementación de lo acordado. Es a 15 años y va más allá de la reincorporación. Además, los discursos de los dos candidatos presidenciales no plantean discrepancias en la reincorporación. Incluso el candidato que quiere hacerle ajustes al Acuerdo Final, dice que la reincorporación se mantiene.

¿Y ese Plan Marco en qué consiste y cuánto vale?

El PMI será el principal referente para la inclusión de sus componentes en los próximos Planes Nacionales de Desarrollo. Tiene estrategias, productos, metas e indicadores para la implementación de cada punto del Acuerdo, incluyendo los capítulos sobre enfoques de género y étnico, y la focalización territorial. Todo el Plan Marco de Implementación valdrá unos $129 billones hasta 2031.

¿De dónde salen esos recursos?

El 85 % de esos recursos serán públicos, fundamentalmente del presupuesto nacional, pero también de presupuesto de las entidades territoriales. El otro 15 % serán recursos del sector privado y cooperación internacional.

Todos sus anuncios suenan bien, pero, ¿cómo disipar los temores que hay en la base?

Vamos a contarles a todos que los ETCR van hasta agosto de 2019, en principio, pero que pueden tener vocación de permanencia si se decide que es lo adecuado. Vamos a hablar del decreto que nos permite adjudicar tierras a asociaciones o cooperativas de reincorporados y no sólo a individuos. Vamos a explicar que los $8 millones para proyectos productivos no habían llegado porque era necesario que estuvieran preparados y capacitados para que no fracasaran. Vamos a hablar de todas las decisiones políticas que les den tranquilidad en cuanto a seguridad física y jurídica, y la estabilidad y el cumplimiento de la reincorporación.

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¿El Estado está atendiendo esos 33 nuevos puntos de reagrupamiento?

Ellos tienen todo el acompañamiento del Estado, la ARN tiene contacto con ellos, los está atendiendo, sabe cuántos son, lleva récords para los servicios de educación, salud, entrenamiento para el trabajo, y para efectos de seguridad.

¿Usted les está enviando abastecimiento?

Se está enviando a los ETCR. Estamos estudiando con los equipos jurídicos la extensión de ese abastecimiento de comida, porque se tiene garantizado hasta el 30 de junio. En realidad iba hasta diciembre, pero se ha prorrogado en la medida en que los proyectos de autoabastecimiento no arrancaban.