El 89% de las familias que ya erradicaron sus cultivos de coca no tienen asistencia técnica

A tres meses del fin del gobierno de Juan Manuel Santos, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos tiene preocupantes rezagos. De las 62.181 familias que ya erradicaron sus cultivos, solo 7.009 (el 11%) cuentan con planes de asistencia técnica. Así lo concluye el último informe de la Fundación Ideas para la Paz.

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En marzo de 2017 el presidente Juan Manuel Santos anunció la meta de sustituir voluntariamente 50.000 hectáreas. / SIG

En España, al término de su visita por Europa, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que los programas de sustitución voluntaria y la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito son una “una solución estructural y de largo plazo frente al problema del narcotráfico”. Así lo aseguró el pasado lunes 14 de mayo en Madrid, durante el Fórum Europa. 

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Si bien les explicó a sus homólogos europeos que las “políticas están muy bien diseñadas”, son efectivas y que están en pleno funcionamiento los convenios para la sustitución y erradicación, los resultados del monitoreo que le ha venido realizando la Fundación Ideas para la Paz (FIP) al programa de sustitución contradicen lo dicho por el presidente. 

En su último informe trimestral (de enero a marzo de 2018) la FIP concluye que “a tres meses de que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) enfrenta importantes rezagos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución”.

El documento, publicado este martes, revela que los mayores rezagos en el PNIS se encuentran en la poca llegada de programas de asistencia técnica para que las familias que ya erradicaron sus cultivos ilícitos produzcan nuevos alimentos, y en el Plan de Atención Inmediata (PAI) Comunitaria, que brinda oferta institucional en temas como guarderías o comedores comunitarios a los 43 municipios donde está el PNIS. Según el monitoreo, este plan se encuentra hasta ahora en formulación en nueve de ellos, “razón por la cual su ejecución quedará como una tarea pendiente”. 

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El documento destaca que sí se ha avanzado en la vinculación de familias y la entrega de las primeras asignaciones monetarias ($1 millón de pesos por 12 meses). “Al 31 de marzo, 62.181 familias en 43 municipios se encontraban inscritas en el PNIS y el 51% de ellas había recibido al menos el primer pago”. Aun así, resalta que el problema de fondo son los pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito de estas familias a economías legales. De las 62.181 familias que ya erradicaron sus cultivos, solo 7.009, el 11%, cuentan con planes de asistencia técnica. 

También preocupa, según el documento, el uso que estas familias le están dando a los subsidios, que no tienen impactos de larga duración. “Mientras algunas familias han usado las asignaciones monetarias para su sostenibilidad, en la mejora de sus predios o en la plantación de cultivos legales, hay casos en los que los recursos se han agotado rápidamente”, resalta. Y esto tiene sentido en los contextos de marginalidad y necesidad en los que están estas comunidades, sin mucha orientación técnica. 

En cuanto al número de hectáreas erradicas por sustitución voluntaria (50.000 hectáreas), se afirma en el informe que la posibilidad de llegar a esta meta “se ve muy lejana” para este gobierno. De las 52.638 hectáreas reportadas por las familias vinculadas al programa, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han censado 22.025 (ha) y de estas, han verificado como erradicadas 6.831. 

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Otro aspecto por resaltar del informe es la importancia de la articulación de otras instituciones para el desarrollo rural, en este caso, con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las cifras recogidas en el informe dan cuenta de que en el 65% de los municipios vinculados al PNIS está el plan 50/51 de la ART para el mejoramiento de las vías terciarias que, a pesar de sus esfuerzos, no es suficiente ya este plan representa solo el 1.79% de las vías terciarias que se necesitan a nivel nacional. Por otro lado, en el 22% de los municipios y el 1,1% de las veredas del PNIS hay procesos de formalización de tierras por parte de la ANT. 

Finalmente, el informe de la FIP reitera en que hay una tendencia en alza de los homicidios en municipios con presencia del programa de sustitución: “mientras que en algunos municipios las amenazas han cesado, en otros se han hecho más intensas. Las disidencias de las Farc, frentes del ELN, así como facciones criminales de distinto tipo, ponen en riesgo la continuidad del programa”, afirma. Si bien hubo una disminución de los asesinatos en diciembre de 2017 (62 personas) en municipios donde está dándose la sustitución voluntaria, en febrero de este año se presentaron 102 casos y en marzo 131. 

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Entre las razones que explican este rezago, según la FIP, está la ausencia de un plan de respuesta rápida para proveer seguridad en los municipios afectados por el conflicto, el choque y desacople de la agenda antinarcóticos y la implementación de los acuerdos de paz, el lento avance en la implementación de la reforma rural integral, la falta de una perspectiva a largo plazo del programa bajo la presión de disminuir rápidamente los cultivos de coca, las limitaciones presupuestales y de personales del Pnis y el deterioro de las condiciones de seguridad. 

Precisamente, contrario a la afirmación del presidente Santos en España, el informe es claro al concluir que la meta de disminución de 100.000 hectáreas de coca, a través de la erradicación forzada y la voluntaria, “careció de una estrategia integral y se tradujo en presiones al proceso de sustitución”. La meta quedará aplazada para el siguiente Gobierno.

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