Bogotá: la segunda región con más profesores en riesgo extraordinario

Según cifras de la Unidad Nacional de Protección entre el 2017 y lo que va corrido del 2018, solo los profesores de Nariño corren más riesgos que los de la capital. La Secretaría de Educación y la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación disienten en las causas.

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Según cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá 32 docentes han sido amenazados en lo corrido del 2018/ Archivo.

La Unidad Nacional de Protección le otorga medidas de seguridad a las personas que, tras un estudio de riesgo, determina que tienen un riesgo extraordinario contra sus vidas. Entre 2017 y lo que va corrido de 2018, 142 docentes han sido catalogados como personas con riesgo extraordinario. De esos 142, 19 ejercían su labor en Bogotá. La capital solamente es superada por el departamento de Nariño, región que reporta 22 profesores en situaciones similares.

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Pero no todos los profesores amenazados son catalogados en riesgo extraordinario. Por eso las cifras totales de amenazas son mayores. Por ejemplo, en Nariño el Sindicato del Magisterio calcula que en lo que va corrido del año se han presentado 58 amenazas en contra de profesores. Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá tiene cifras según las cuales en el 2018 se reportan 32 casos.

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Jorge Celis, subsecretario de integración interinstitucional de la Secretaría de Educación de Bogotá, afirma que esa entidad tiene registros según los cuales las amenazas contra profesores han disminuido en la ciudad. Señala que, en el 2016, 173 docentes fueron amenazados, mientras que en 2017 se reportaron 118 casos.

Existen diferencias entre lo que dice la Secretaría de Educación y lo que dice Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación (ADE), con respecto a las causas de las amenazas. Celis, afirma que la mayoría de amenazas provienen de “desencuentros entre los docentes, los estudiantes y los padres de familia sobre alguna calificación o nota”.

La ADE tiene otra versión. Raúl Vásquez, vicepresidente de esa organización, no desconoce que parte de las amenazas se dan por inconvenientes entre docentes y estudiantes. “Se volvió costumbre estar amenazando, es una cultura que tenemos que acabar y eso se logra con la educación”, dice. Sin embargo, asegura que las intimidaciones están relacionadas con situaciones a los “alrededores de los colegios”.

El líder sindical enfatiza que la mayoría de las amenazas provienen de bandas “que manejan el microtráfico, pandillas y delincuencia común”. Cuenta el caso del colegio Benjamín Herrera al cual en abril de 2017 llegó un panfleto firmado por las Águilas Negras para señalar que las bandas criminales también intimidan a los profesores. Dice que muchas veces las amenzas se dan después de que los docentes ponen en conocimiento de las directivas de los colegios las presiones de las cuales son víctimas los estudiantes.

Al preguntarle a Celis por la incidencia del microtráfico y los grupos armados organizados en las amenazas a los profesores respondió que “el análisis sobre el origen de las mismas lo hace la UNP y la Fiscalía General de la Nación”.

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En cuanto a las zonas con mayores amenazas el Distrito no las revela. “No solemos dar información sobre localidades porque tenemos como política en el Distrito no estigmatizarlas, guardar el buen nombre de los colegios, de los docentes y de las comunidades educativas”, explica Celis. Sin embargo, según datos de la ADE las localidades más afectadas son, en su orden, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Al preguntarle a Celis por qué las cifras de docentes en riesgo extraordinario en Bogotá sólo son superadas por el departamento de Nariño responde que Bogotá es el departamento administrativo con más profesores, 35 mil. Afirmó que la comparación entre las dos regiones es complicada por la magnitud de la planta docente de Bogotá. La Secretaría de Educación de la Gobernación de Nariño cuenta con 8.101 profesores. Celis aclara que “con que solamente hubiera un profesor amenazado sería preocupante para la Secretaría”.

También son diferentes las opiniones de Celis y de Vásquez en cuanto a la atención que reciben los docentes amenazados. Mientras que el primero afirma que de los 118 casos de 2017 todos fueron reubicados para salvaguardar sus vidas, el segundo dice que solamente se hicieron nueve traslados. "No nos sentimos apoyados", afirma el lider sindical. Por el otro lado, Celis asegura que en el Comité de docentes amenazados de Bogotá, presidido por la Secretaría de Educación, instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la UNP le hacen seguimiento a los casos.

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