Hay que echarse al agua

Parece que no acabamos de concluir que las afectaciones ambientales no tienen tanto que ver con la justicia divina y sí con la corrupción e improvisación gubernamental.

“Este no es un momento cualquiera y  no cualquiera entiende el momento”, me dijo la líder de Yarumal. Y es que estamos más inundados de mentiras que de agua; nuestro país no acaba de conocer un desastre para asumir otro, como los gobiernos que les preceden. Y parece que no acabamos de concluir que las afectaciones ambientales no tienen tanto que ver con la justicia divina y sí con la corrupción e improvisación gubernamental.

“Aquí se roban hasta una catástrofe”, señalaba el líder de Mocoa, un año después de ver como buena parte de su ciudad se volvió agua y cómo las ayudas y programas fueron vaciados por el tornado de la corrupción.

Aprendí hace unos años de Armero, que la lógica de gobierno “donde hubo desastre hacer un campo santo” es también una sumatoria de prácticas refinadas de la institucionalidad para evadir su responsabilidad y saciar intereses. De Armero aun muchos ni siquiera sabrán que hicieron negocio con los niños sobrevivientes para ser entregados en adopción a gente de otros países, mientras sus familiares aun los buscan.

Ahora inundar es también una manera de declarar campo santo cada vez con menos religiosidad, una lógica perversa en la cual a la justicia se le puede echar tierra pero también agua y en cantidades.

Antioquia es uno de los laboratorios de tal combinación. La gesta de las comunidades ribereñas del rio Cauca en contra de la represa de Hidroituango no es nueva, tampoco su persecución. Se habían movilizado en la región, interpuesto acciones jurídicas para su protección y la del territorio, incluida la exhumación de al menos 900 cuerpos de 67 masacres que como la de El Aro quedaron en la zona inundada, caminaron hacia Medellín en 2013 y convivieron durante 7 meses con los estudiantes de la Universidad de Antioquia como medida de protesta. Apenas el 8 de mayo pasado Luis Alberto Torres Montoya, perteneciente a la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA), y Duvián Andrés Correa Sánchez fueron asesinados. Según el movimiento Ríos Vivos, precisamente porque estaban presionando que EPM reconociera las “nuevas afectaciones” de la obra sobre la región.

A esos agentes de la idea de “progreso” de nuevo se les salió de las manos un megaproyecto, como en La Lizama, El Quimbo o Chirajara. Dirán los reportes técnicos que algo falló en el diseño o en la infraestructura o que el invierno es azaroso, pero es el modelo el que agencia el desastre y aquí tenemos una prueba más.

En Puerto Valdivia, el agua y sus recorridos terminaron  dándole la razón a la población haciendo evidente al país que la obra estaba mal hecha y que la vida de los habitantes ya no por la guerra sino por el “impase” les obligó a llevarse toda una historia en una maleta.

En medio del vertiginoso caudal de la campaña electoral, Hidroituango se nos revela como una señal más de la necesidad del cuidado del agua, de revisar y reversar esa brecha entre el país rural y el país urbano, pero sobre todo de ese llamado bien interpretado por el Papa Francisco de la Casa Común en la cual la naturaleza y en especial el agua es también un sujeto de derechos que alterada de manera irracional a nombre del progreso nos trae más problemas que soluciones.

Desde la Constitución del 91, los tratados y convenios internacionales para la protección y cuidado del agua se ha venido introduciendo esta noción de avanzada del derecho y la política para la vida. La Corte Constitucional ha reconocido que el agua es un recurso vital para el ejercicio de derechos fundamentales al ser humano y para la preservación del ambiente y por lo tanto:

a) Es un recurso natural insustituible para el mantenimiento de la salud y para asegurar la vida del ser humano.

b) Es patrimonio de la nación, un bien de uso público y un derecho fundamental

c) Es elemento esencial del ambiente, y por ende su preservación, conservación, uso y manejo están vinculados con el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano.

El divorcio entre la noción del agua como derecho y lo que estamos viendo en Hidroituango tiene nombre propio: la Política, que ejerce un manejo inadecuado y lucrativo del bien común.

Para calmar las aguas de nuestros ríos es indispensable entender que “No gobernamos el agua, es el agua la que nos gobierna” y eso significa que hay que recuperar la política en el tiempo del ahora para calmar la inundación de mentiras y el caudal de la corrupción. Hay que echarse al agua de la política haciendo del agua el principal elemento de nuestro ordenamiento territorial, eso significa en nuestro país más humanidad.