Se cumplen 10 años de las ejecuciones extrajudiciales

Debate por casos de militares en la JEP

Las víctimas insisten en que habrá impunidad en los procesos que asuma la nueva Jurisdicción Especial de Paz. Expertos sostienen que será un mecanismo para esclarecer los hechos y conocer la verdad.

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Familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales reclaman avances en las investigaciones. / El Espectador

A 10 años de que saliera a la luz el escándalo de los falsos positivos, el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años por el asesinato de cinco jóvenes de Soacha (Cundinamarca), recibió un concepto favorable de la Corte Suprema para que el Juzgado 23 de Ejecución de Penas sea el que decida si avala o no su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Continúa así el debate sobre la participación de responsables de estos casos en la JEP, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los de Soacha fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

En julio pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que, pese a que no se trata de delitos objeto de amnistía o indulto, los miembros de la Fuerza Pública procesados o condenados por ejecuciones extrajudiciales podrán recibir beneficios. El alto tribunal advirtió que “es necesario cumplir rigurosos requerimientos y observar precisos criterios para determinar si el proceso que se les ha adelantado es absorbido por la JEP y, de acuerdo con lo que se establezca, si se adopta alguna de las medidas de contenido reparador o de restricción de libertades y derechos, sanciones alternativas u ordinarias aplicables a los miembros de la Fuerza Pública”.

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Germán Romero Sánchez, abogado de dhColombia (defensor de derechos humanos), quien ha trabajado casos de ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero, Antioquia y Sucre, aseguró que, para los altos oficiales involucrados en este tipo de crímenes, es necesario que “no se les acepte, bajo ninguna situación o escenario, un aporte a la verdad inferior a lo que ya ha sido reconocido por muchísimos soldados u oficiales de bajo rango o investigaciones de la misma Fiscalía y de la sociedad civil”. Se necesita que aporten en cadena de mando, es decir, cuál era la participación de las unidades de mando de los batallones, de las brigadas, de las divisiones, del comando y del Ejército, y cómo se ejercía presión por resultados”.

El proceso, para la mayoría de las madres de Soacha, es diferente al descrito por Romero, principalmente porque ya conocen la verdad y lo único que exigen es que los responsables cumplan su condena. Carmenza Gómez, cuyo hijo Víctor, de 23 años, fue asesinado en 2008, señaló con indignación: “¿Cómo van a dejar que se acojan si ellos hicieron fue crímenes de lesa humanidad? Y no fueron solamente los jóvenes nuestros, sino los muchos municipios, veredas y localidades de nuestro país. Esos crímenes, llevarse a nuestros muchachos y venderlos así, era un negocio para los que lo hicieron. ¿Cómo es posible que le hagan eso a un joven que comienza a vivir?”.

Doris Tejada es la única madre de Soacha que no ha podido enterrar a su hijo, Óscar Alexánder Morales Tejada, quien fue asesinado en 2008. En un lamento, declaró: “Es tenaz, pues la impunidad está palpable, pero, ¿qué vamos a hacer? Sería bueno impedirlo, pero no se puede. Muchos van a querer acogerse para no pagar penas, para que eso se quede ahí, y logran evadir todas las responsabilidades. Eso es y seguirá siendo así. Sería bueno que los responsables pagaran, también los altos mandos que están involucrados”.

Un caso ajeno al de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha es el de Alfamir Castillo Bermúdez, quien hace 10 años se enteró de que habían asesinado a su hijo, Darbey, en Manizales, junto a otros dos jóvenes, mientras vivían en Pradera (Valle). “Esta semana, uno de los responsables confesó cómo los sacaron, cómo los asesinaron, y eso para nosotros ha sido terrible. Nosotros ya sabíamos lo que pasó, pero contado por él fue devastador. Estos casos no pueden entrar a la JEP. Tienen que mirar otro medio, porque en mi caso hay dos responsables que lo hicieron, confesaron y están con toda su libertad, como si nada hubiese pasado”, aseguró Castillo a este diario.

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Desde el día en que se enteró del asesinato de su hijo, Alfamir Castillo ha sido amenazada constantemente por la lucha que ha librado para que se haga justicia. Tanto así que en 2008 tuvo que salir del país a España. “Me acogió un programa que se llama Amnistía Internacional. Las amenazas siguen llegando, creemos que por parte del Ejército. Yo hoy tengo protección de la Corte Interamericana, la cual consiste en un chaleco antibalas, un casco y un celular”.

Germán Romero asegura que, mientras algunas víctimas están en contra de que los responsables lleguen a la JEP, otros familiares buscan a toda costa encontrar la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos, pues “creen que es una oportunidad para conocer mayores detalles y poder ahondar mejor en la responsabilidad, y no simplemente que dos, tres soldados, un cabo y un teniente sean procesados, sino que se identifique cómo estos coroneles se beneficiaron y cómo un gobierno también lo hizo”.

Lo cierto es que, a 10 años de este atroz crimen, la JEP es un escenario cada vez más atractivo para los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. La responsabilidad de la justicia será cumplirles tanto a la ley como a las víctimas.