Caso "Santrich" motivó el primer choque de trenes entre la JEP y la justicia ordinaria

El trámite de extradición del líder de Farc generó un enfrentamiento entre la Justicia Especial de Paz y la Fiscalía. Se abre un debate sobre los límites de la justicia transicional y su capacidad para actuar mientras se aprueba la ley de procedimiento.

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El líder de FARC Jesús Santrich cumple 43 días en huelga de hambre. /Óscar Pérez-El Espectador

La noticia de la suspensión de la huelga de hambre del exguerrillero Jesús Santrich, que ya cumplía 43 días, se conoció  en medio de una tormenta jurídica y política. Santrich inició la huelga alegando que prefería morir antes de irse extraditado a Estados Unidos y defendió su inocencia. El asunto puso al acuerdo de paz en un delicado momento del que aún no se recupera y llevó a que Iván Márquez, otro de los jefes de la FARC, se apartara de la implementación de los acuerdos.

El jueves, el presidente de la Sección de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla, dijo que la JEP era competente para conocer el caso y, de paso, frenó el trámite. El anuncio generó una fuerte reacción del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que con la decisión de la JEP “quedó amenazado el orden constitucional” del país. El enfrentamiento desnudó el primer desencuentro público entre la justicia transicional y la ordinaria que podría marcar un derrotero de obstáculos y no de trabajo articulado entre las dos instituciones.

La decisión de la JEP se produjo en respuesta a la solicitud que hizo Santrich para ampararse en la garantía de no extradición que está contemplada no solo en el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, sino que quedó estipulada en el acto legislativo 01 de 2017, que le permitió a la JEP entrar en funcionamiento. En la petición, Santrich, solicitado informalmente por Estados Unidos por presunto concierto y tentativa para traficar narcóticos, pidió que su caso fuera tratado por el que considera “su juez natural”, es decir la JEP. Esto por tratarse de un mecanismo que nació como resultado de las negociaciones de paz que llevaron a buen puerto el Gobierno y las Farc. Como indica el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kennet Burbano, “el error es creer que estamos ante un asunto corriente u ordinario de extradición. No. Se trata de una persona que se acogió a un proceso de paz después de 50 años de conlficto armado”.

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De hecho, el acto legislativo establece que no se podrá conceder la extradición por hechos ocurridos durante el conflicto y que esa garantía alcanza a todos los miembros de la antigua guerrilla de las Farc. Pero en caso de que la Sala de Revisión, tras estudiar el caso, determine que la conducta ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final (1 de diciembre de 2016), el proceso quedará en manos de la autoridad judicial competente, “sin excluir la extradición”. Así lo han ratificado en la JEP.

Uno de los puntos del debate, sin embargo, ha estado centrado en si la JEP tenía, por un lado, la competencia para conocer el trámite de extradición de Santrich y, por el otro, si goza de las facultades para suspender el proceso. Esto en razón de que el proyecto de ley de procedimiento de la JEP, que define sus reglas de funcionamiento, está siendo debatido en el Congreso de la República. “El acto legislativo 01 de 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, deja explícito el margen de maniobra que podemos tener para actuar mientras se aprueba la ley de procedimiento”, indicó de manera extraoficial un magistrado de la justicia especial.

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La JEP ha sido fiel a este principio y se la ha jugado por empezar a trabajar sin que los obstáculos para presentar y aprobar la ley de procedimiento en el Congreso sean una limitante. Para ello, creó su reglamento interno y fijó una serie de protocolos para proceder en cada dependencia. Uno de estos lo estableció, el pasado 18 de abril, la Sala de Revisión. En este determina de manera interna el procedimiento para tramitar las solicitudes relacionadas con la no extradición.

Con base en ese documento, los cinco magistrados se declararon competentes para estudiar el caso Santrich y para suspenderlo, mientras se pronuncia de fondo (si los hechos ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo).

“Este trámite adicionalmente está explícito en el Código de Procedimiento Penal, y así lo dispone también nuestro reglamento, ante la ausencia de normatividad”, indicó el magistrado Bobadilla.

Ese fue el detonante de la airada reacción del Fiscal General de la Nación (FGN), Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que con la suspensión del trámite de extradición de Santrich queda “amenazado el orden constitucional” del país. En una carta enviada al procurador, Fernando Carillo, el fiscal considera "inadmisible" que la JEP haya dictado sus propias normas y que ese trabajo es exclusivo del Congreso de la República, que aún no ha sancionado como ley el proyecto de procedimiento de la JEP.

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Sin petición formal de extradición

Uno de los puntos en los que choca la JEP y la FGN está en si ya inició o no el trámite de extradición de Santrich. Según el auto que resuelve la solicitud de Santrich para beneficiarse de la “garantía de no extradición”, la JEP le solicitó a la Fiscalía “todos los documentos relacionados con el trámite de extradición” del líder de la FARC. Sin embargo, la Fiscalía no los aportó e indicó que el proceso de extradición se inicia con el pedido formal del requerido por cuenta de EE.UU., “circunstancia que no ha ocurrido hasta la fecha”. En contraste, el magistrado Bobabilla de la JEP dijo “que ya se inició el trámite, porque ya se solicitó una captura con esos fines”, a través de una circular roja de la Interpol.

Juanita Goebertus, una de las arquitectas del modelo vigente de justicia transicional, destaca que la JEP finalmente se haya pronunciado frente al caso del jefe de la FARC. “Me preocupa, sin embargo, que haya suspendido el proceso de extradición. Creo que existe una confusión muy grande entre las normas procesales (que tienen reserva de ley y que están siendo tramitadas por el Congreso) y aquello que puede ir por el reglamento. La Constitución, en el artículo transitorio 12, dice que de ninguna manera el reglamento puede incluir normas procesales”. En ese orden de ideas, dice Goebertus, la JEP no podía atribuirse por reglamento la facultad de suspender la extradición y que debe regirse únicamente bajo el acto legislativo 01 de 2017. “Debe pronunciarse lo más pronto posible sobre lo que sí le corresponde: el momento de comisión de los delitos”, agregó, pero para eso hace falta que la Fiscalía esté dispuesto a enviar lo que tiene a su disposición sobre este caso. 

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Kennet Burbano, a su turno, considera que las funciones de la JEP deben ir más allá de la verificación de fechas. “Desde luego que debe optar por aplicar sus protocolos y reglamentos, lo grave sería decirle a una persona privada de la libertad que no se puede pronunciar hasta que se tenga un código de procedimiento”. En respuesta al pronunciamiento de la Fiscalía, considera que la posición de la JEP no amenaza el orden constitucional del país. “La JEP no está dictando normas de procedimiento para decidir sobre la extradición; esa tarea continúa en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y del presidente de la República”.

Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas, considera que la JEP sí es competente para conocer el proceso de extradición de Santrich y, además, defendió la decisión de suspender el trámite. “No sería razonable que comiencen a correr los términos para decidir de fondo sin tener la documentación que pidió y que se puedan llevar a la persona extraditada antes de que decidan”.

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Desde el Congreso, donde se debate el proyecto de ley de procedimiento, los parlamentarios defendieron su protagonismo. El representante a la Cámara, Hernán Penagos (partido de La U), uno de los ponentes de la iniciativa, indicó que “si bien la JEP debe avanzar, eso no le da competencia para sustituir las funciones que le están dadas al Congreso. Es que el procedimiento no es otra cosa que un Código que debe expedir el Congreso y que ni siquiera el presidente de la República puede hacerlo mediante decreto”.

Ante la poca claridad que todavía existe sobre las pruebas que tienen a Santrich detenido sin que se conozca un indictmen formal, su defensa volvió a solicitarle a la JEP que se le conceda la libertad. Otro punto de controversia. No obstante, Ospina y Burbano coinciden en que si Estados Unidos no allega la solicitud formal de extradición, Santrich debería quedar libre. Este paso, en caso de darse, se surtiría en medio del fragor de la campaña a la Presidencia. El tema Santrich y los límites de la JEP seguirán fijados en la agenda.

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